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30/01/2026, autonomosyemprendedor.es
La caída del decreto ómnibus en el Congreso ha dejado sin efecto la prórroga de la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Una ventaja fiscal que permitía desgravar hasta 3.000 euros y que tenía un impacto directo en las decisiones de inversión de miles de autónomos y pequeños negocios.
La retirada del incentivo encarece de forma inmediata la renovación del vehículo, una herramienta de trabajo clave para sectores como el transporte, el reparto de paquetería, la reparación a domicilio, la distribución o la actividad comercial.
La desaparición de esta deducción fiscal supone, además, un freno añadido en un momento marcado por el envejecimiento del parque automovilístico y el avance desigual de la electrificación en España frente a otros países europeos. En Dvuelta advierten de que eliminar esta ayuda “desincentiva la demanda y genera incertidumbre en el mercado”, al tiempo que retrasa la modernización de la movilidad y penaliza a quienes estaban valorando dar el salto al vehículo eléctrico; bien sea por razones de coste, eficiencia o restricciones ambientales.
Para los autónomos y pequeños negocios, el impacto no se limita al ahorro fiscal perdido, sino que afecta a la planificación financiera a medio plazo, al cálculo de amortizaciones y, en muchos casos, a la viabilidad de renovar un vehículo imprescindible para trabajar. En un escenario de márgenes ajustados, la ausencia de esta deducción puede suponer la diferencia entre invertir ahora o prolongar el uso de vehículos antiguos con mayores costes de mantenimiento y consumo.
La rebaja del 15% funcionaba como compensación el sobrecoste del vehículo eléctrico
Según Dvuelta, en profesiones en las que el coche o la furgoneta son indispensables, la deducción del 15% funcionaba como un elemento clave para compensar el sobrecoste del vehículo eléctrico frente al de combustión. Taxistas, conductores de VTC, repartidores, comerciales, técnicos de mantenimiento o instaladores encontraban en este incentivo una vía para reducir el esfuerzo fiscal de una inversión recurrente y difícilmente aplazable.
La retirada de la deducción obliga ahora a recalcular costes y alarga los plazos de renovación, especialmente entre autónomos que renuevan vehículo cada pocos años por exigencias de la actividad. En el sector se insiste en que “el problema no es la falta de interés por el coche eléctrico, sino la inestabilidad de las ayudas”, que dificulta tomar decisiones con un mínimo de previsión.
Este cambio fiscal también afecta a pequeños negocios con una o dos unidades en flota, para los que la transición a modelos eléctricos se estaba abordando de forma progresiva. Sin el incentivo, muchos optan por mantener vehículos antiguos o volver a alternativas térmicas más baratas en el corto plazo, aun a costa de mayores gastos futuros.
Un impacto que va más allá del conductor autónomo
La retirada de la deducción no solo golpea al comprador final, sino a todo el ecosistema de pequeños negocios que se ha ido tejiendo alrededor del vehículo eléctrico. Los concesionarios locales y compraventas especializadas pierden uno de los argumentos comerciales más efectivos para cerrar operaciones con particulares y autónomos indecisos.
En estos puntos de venta, la deducción fiscal era una pieza clave del discurso comercial, ya que permitía ajustar el precio final y acortar los tiempos de decisión. “Cada cambio normativo enfría el mercado durante meses”, señalan desde el sector, que denuncia la dificultad de trabajar con incentivos que aparecen y desaparecen sin un calendario claro.
El efecto se extiende también a talleres que han invertido en formación y equipamiento específico para vehículos eléctricos, confiando en un crecimiento sostenido del parque. Un ritmo de electrificación más lento retrasa la recuperación de esas inversiones y frena la adaptación de muchos pequeños negocios a la nueva movilidad.
Instaladores, 'renting' y mercado de segunda mano
Otro de los colectivos directamente afectados es el de los instaladores de puntos de recarga, muchos de ellos autónomos o micropymes del ámbito eléctrico y energético. La deducción por la instalación de cargadores ayudaba a cerrar proyectos en garajes, locales y pequeñas naves, y su desaparición provoca aplazamientos y cancelaciones.
En este sector recuerdan que “cada instalación que no se hace es trabajo que se pierde”, especialmente en zonas donde no existen ayudas adicionales de carácter autonómico o municipal. La falta de incentivos homogéneos amplía, además, la brecha entre territorios.
El renting y el leasing orientados a autónomos y pequeñas empresas también acusan el golpe. Aunque no siempre se beneficiaban directamente de la deducción, esta empujaba la decisión de pasarse al eléctrico. Sin ella, se refuerza la continuidad de contratos de combustión, con efectos a medio plazo sobre el mercado.
A más largo plazo, la menor venta de vehículos eléctricos nuevos reducirá la oferta de segunda mano, un segmento clave para muchos autónomos, con menor capacidad de inversión. Menos eléctricos hoy implica menos opciones asequibles mañana, lo que perpetúa el envejecimiento del parque y dificulta la adaptación a las zonas de bajas emisiones ya en vigor en muchas ciudades.
En conjunto, la eliminación de la deducción fiscal no solo encarece la transición para quienes usan el vehículo para trabajar, sino que ralentiza la actividad de concesionarios, talleres e instaladores, afectando a un entramado de pequeños negocios que depende de políticas estables para planificar inversiones y sostener su actividad.
