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31/10/2025, Voz Pópuli
A escasos dos meses de la entrada en vigor de las nuevas restricciones de circulación asociadas a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Madrid, Dvuelta alerta sobre el impacto social y económico que la medida tendrá sobre miles de madrileños.
La entidad, especializada en la defensa de los derechos de los conductores, considera que el Ayuntamiento debería suspender la aplicación de la norma por prudencia y lógica jurídica, pero sobre todo por sentido común, al menos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su legalidad o ilegalidad. Y es que la polémica normativa ya fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en septiembre del año pasado, decisión que fue recurrida por el ayuntamiento.
Pero el lucrativo negocio que supone para el consistorio madrileño -más de la mitad de los más de 230 millones de euros que recauda por multas de circulación corresponden a sanciones en ZBE-, y no la calidad del aire, es la verdadera motivación del Ayuntamiento para mantener esas restricciones a los vehículos.
Según los cálculos de Dvuelta, la exclusión de más de 300.000 vehículos sin etiqueta de uso diario del ámbito municipal supondrá un coste total de entre 6.000 y 9.000 millones de euros para las familias y trabajadores autónomos y pymes afectados. La cifra de vehículos cuyo uso pretende prohibir el Ayuntamiento representa más del 15% del parque motorizado censado en Madrid, según datos de la DGT.
Sustituir un vehículo que no cumple con las condiciones de la Ordenanza que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 implica hoy una inversión de entre 20.000 y 30.000 euros en una estimación muy prudente, cifra que excede la capacidad económica de la mayoría de los ciudadanos afectados. “Se está imponiendo a decenas de miles de madrileños un gasto forzoso que no responde ni a la realidad medioambiental ni a la situación económica actual”, señala Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta.
La calidad del aire en Madrid no parece, actualmente, ser el mejor argumento para prohibir el uso de cientos de miles de vehículos legalmente habilitados por las estaciones de ITV y al corriente de pago del Impuesto de Vehículos a Tracción Mecánica (IVTM), ingresado por el consistorio madrileño, que cobra puntualmente el impuesto por circulación pero que luego prohibe su uso.
Castigo a las familias con menos recursos
Se trata, sin ningún género de dudas, un castigo económico para los que menos tienen. Los conductores más perjudicados por la aplicación de las ZBE son precisamente los que disponen de menos recursos, familias que conservan sus vehículos antiguos porque no pueden permitirse uno nuevo, trabajadores autónomos que dependen de su coche o furgoneta para desarrollar su actividad y pequeñas empresas de reparto, mantenimiento o servicios que utilizan flotas de vehículos que ahora quedarían fuera de circulación.
La medida resulta especialmente injusta porque discrimina a la población en función de su poder adquisitivo. “La contaminación no es patrimonio de los pobres, pero las restricciones sí lo son”, afirma Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta. “El Ayuntamiento está condenando a miles de madrileños a renunciar a su movilidad sin ofrecer una alternativa realista. No hay transporte público adaptado a las necesidades de quienes trabajan en polígonos, hacen turnos o necesitan desplazarse con herramientas o mercancía. Tampoco hay ayudas suficientes para renovar los vehículos”, subraya Javaloyes.
Dvuelta recuerda que el régimen de las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid ha sido objeto de varios recursos judiciales y que, de hecho, la ordenanza municipal que las regula fue anulada hace un año en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Actualmente, el litigio se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo tras el recurso de casación interpuesto por el consistorio madrileño. “Resulta incomprensible que el Ayuntamiento se mantenga firme en poner en marcha una medida de este calado cuando ya ha habido un pronunciamiento judicial que declara que la norma es ilegal”, explica Javaloyes.
“Lo prudente y coherente sería suspender la entrada en vigor hasta que haya una sentencia firme. Imponer restricciones que han sido anuladas jurisdiccionalmente no solo es una temeridad política, sino una irresponsabilidad administrativa, aun estando pendiente un recurso ante el Supremo”. Desde la perspectiva jurídica, Dvuelta sostiene que el principio de seguridad jurídica y libre circulación de personas exige que ningún ciudadano vea limitado su derecho a circular mientras la norma que lo restringe está siendo cuestionada en los tribunales. “El Ayuntamiento debería actuar con prudencia y respeto al Estado de Derecho. La precipitación solo genera inseguridad y desconfianza en las instituciones”, añade el portavoz de la entidad.
Porque la aplicación de las ZBE se ha extendido mucho más allá del centro urbano de la capital, y afectará especialmente a los distritos periféricos y a las poblaciones con menor renta media. Distritos como Carabanchel, Villaverde, Usera, Vallecas o Vicálvaro concentran un elevado número de vehículos con más de diez años de antigüedad, sin etiqueta ambiental.
