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04/11/2025, Mediodía COPE
A partir del próximo 1 de enero, el panorama de la movilidad en Madrid cambiará drásticamente. La prórroga concedida por el Ayuntamiento ha expirado, y la prohibición de circulación en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid se extiende a la totalidad de los coches sin etiqueta (categoría A), incluyendo por primera vez a los residentes empadronados en la capital.
Este veto total es un "golpe" directo que afectará a cerca de 300.000 vehículos y, por extensión, a sus propietarios, quienes se enfrentan ahora a una difícil disyuntiva: cambiar de vehículo asumiendo un coste de 20.000€-30.000€ o arriesgarse a una multa de 200$ euros por cada vez que circulen por el municipio.
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Si posees un vehículo sin etiqueta y te preocupa la inminente entrada en vigor de la prohibición y la multa de 200€, mantente informado con Dvuelta.
1. El Impacto Social: La ZBE Castiga a los Distritos más Vulnerables
La medida, justificada bajo la bandera de la transición ecológica, ha sido fuertemente criticada por asociaciones de afectados y por la propia Dvuelta por su profundo sesgo social.
El Coche Viejo: No es un Capricho, es Necesidad
Pedro Javaloyes, Director de Comunicación de Dvuelta, subraya que la tenencia de un coche antiguo "no es un capricho" y que la transición ecológica no debería hacerse "a costa de las personas con menos recursos".
Un informe de Dvuelta ha demostrado que esta restricción impacta de forma desproporcionada en las zonas con menor poder adquisitivo de la capital. Distritos como Carabanchel, Usera o Puente de Vallecas concentran el 40% de los coches sin etiqueta que ahora se verán obligados a dejar de circular. Esta es una realidad que el Ayuntamiento parece ignorar.
La Falta de Alternativas
Para miles de familias en estos barrios, el transporte público no es una opción viable. Esta inviabilidad no solo afecta a los particulares, sino que paraliza a autónomos y profesionales de servicios esenciales (fontaneros, electricistas) que dependen de sus vehículos para trabajar en toda la ciudad.
2. La Batalla Legal: Dvuelta Pide la Suspensión por Prudencia Jurídica
La ordenanza de la ZBE no goza de plena seguridad jurídica. Dvuelta recuerda que la regulación que endurece las restricciones está pendiente de un recurso en el Tribunal Supremo.
La Postura de Dvuelta: Suspensión hasta la Decisión del Supremo
La posición de Dvuelta es clara: por pura prudencia jurídica, la norma debería suspenderse hasta que el Supremo decida si es legal o ilegal.
- Si el Supremo la anula: Se habrá evitado una multa masiva injusta (200€) contra miles de ciudadanos.
- Si el Supremo la valida: Al menos se habrá dado tiempo a los afectados para adaptarse sin ser penalizados por una norma cuya legalidad estaba en duda.
Creemos que es una obligación moral y legal evitar el daño económico a los conductores mientras persiste la incertidumbre sobre la validez de la ordenanza.
La Contradicción Aérea: ¿Niveles de Contaminación Buenos?
Otro argumento esgrimido por las asociaciones es la aparente contradicción entre la imposición de restricciones y los propios datos de la calidad del aire de Madrid. Si, como sostiene el alcalde, la calidad del aire es "tan buena desde hace años" y no ha habido problemas de contaminación desde 2022, ¿qué sentido tiene seguir ampliando estas restricciones de movilidad? Los afectados consideran que los motivos son otros, y que la medida carece de una base ambiental sólida en los barrios exteriores.
3. Peticiones Clave y Movilizaciones
Ante este escenario, las asociaciones de afectados no se quedan de brazos cruzados:
- Soluciones Justas: Piden que la Administración ofrezca más ayudas directas y más tiempo de prórroga para que el cambio de coche no arruine a las familias.
- Movilización: Han convocado una manifestación para el 22 de noviembre entre Ventas y Cibeles para exigir una rectificación que reconozca la realidad social de la capital.
La transición ecológica es necesaria, pero debe ser justa y escalonada. El veto a los coches sin etiqueta en la ZBE de Madrid es, en la práctica, un impuesto a la pobreza que debe ser revisado y, jurídicamente, suspendido hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia.
