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28/12/2023, La Razón, Pedro Javaloyes
El nivel de recaudación de los ayuntamientos supera con creces al de la DGT. El próximo 1 de enero se restringe el acceso a coches sin etiqueta no censados
No importa qué partido mande en el municipio en el que vives, conductor, porque ningún partido te representa como tal. Da igual a quien hayas votado en las últimas elecciones municipales. El alcalde que te gobierna te va a «freír» a recaudación igual o más que cualquiera de sus predecesores: por impuestos, por tasas y, desde luego, por multas. No hay consenso político más claro que el de la manera de meterse en tu cartera. ¿Lo demás? Bobadas para que te entretengas mientras cuentan tu dinero. En el presente año, si las previsiones se cumplen (y estas, al contrario que las promesas electorales, siempre lo hacen) los ayuntamientos de las diez ciudades más pobladas de España habrán recaudado por sanciones de circulación una cifra similar –unos 400 millones de euros– a la DGT en todas las carreteras de la red nacional que controla el organismo. Para hacerse una idea más nítida, esos diez consistorios tienen censados unos seis millones de vehículos, frente a los más de treinta y cinco millones que controla la DGT. 6 millones contra 35 millones, para la misma cantidad de 400 millones de euros. Es decir, que el conjunto de los principales consistorios españoles recaudará de media este año 68 euros por vehículo en concepto de multas. La DGT, algo menos de 11 euros por vehículo. 68 euros contra 11. Seis veces más en los ayuntamientos. Los diez ayuntamientos que más recaudan por multas (millones €. 2022) son Madrid, 199,3; Barcelona 62,2; Sevilla 22,0; Palma de Mallorca 20,8; Bilbao 12,8; Málaga 12,1; Zaragoza 12,0; Valencia 8,0; Las Palmas de Gran Canaria 7,1; Murcia 5,5 (Fuente: dvuelta. I estudio I estudio ayuntamientos y multas de circulación).
Nunca pensé, hasta que elaboré esta información, que en la DGT podrían quedar así en comparación con los principales ayuntamientos. Ni en comparación con nadie, vamos. Pero mira tú, que a Pere Navarro los alcaldes le han «ganado» en la «olimpiada de la recaudación». Y esto es sólo el principio.
Este invento de los Ayuntamientos entrando en el bolsillo de los conductores ha sido el más feliz hallazgo desde que las ciudades cambiaron los caballos y mulas que tiraban de los carros por las bocinas de los automóviles. Han ido exprimido la fuente de ingresos hasta donde han podido con los impuestos y tasas, y cuando ya no pudieron estirar más, empezaron a preocuparse por el bienestar y la calidad de vida de los conductores; y eso tiene su precio. Y el precio son las multas, claro: primero nos llenaron las ciudades de radares «por nuestra seguridad»; luego nos impusieron pagar por aparcar en la calle porque «así habrá sitio para todos». Y ahora los ayuntamientos nos multan con la excusa del medio ambiente, que también para las Administraciones Públicas es un gran negocio: propagandístico, por supuesto, pero, sobre todo, económico.
Sin que aún nadie se haya dado cuenta de que lo que contamina en las ciudades son las calefacciones. Y por eso en Madrid, por ejemplo, los episodios de alta contaminación, con sus consiguientes restricciones, siempre suceden en invierno. La llegada de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha sido la excusa perfecta para meter el último zarpazo de recaudación sobre los conductores. En la ciudad de Madrid, aproximadamente la tercera parte de los 250 millones de euros que se recaudaron en 2022 provinieron de sanciones por infracciones en ZBE. Es un gran negocio: a 200 euros (cien por pronto pago) que te quitan por multa como castigo a tu ignominiosa intrusión en los distritos reservados para los conductores más pudientes, los que se pueden pagar los eléctricos y los ECO.
Da miedo pensar en lo que va a ser a partir del 1 de enero próximo, cuando quede prohibida la entrada en cualquier distrito de Madrid de los vehículos sin distintivo no censados en la capital, hasta ahora sólo limitados al perímetro interior de la M30, incluida ésta. Como si la práctica totalidad del tráfico de la capital no proviniera de los pueblos dormitorio que circundan la ciudad por los cuatro costados, desde Alcobendas hasta Getafe, pasando por Rivas Vaciamadrid o Pozuelo de Alarcón. No hay más que ver los atascos cada mañana por cualquiera de las vías de acceso a la capital. Pues alrededor de un tercio de todo ese tráfico desaparecerá de un plumazo gracias a la prohibición. Menos atascos habrá, seguro, aunque en este minuto se desconoce qué harán los desafortunados conductores de los vehículos sin etiqueta. La nueva normativa convierte a esos contribuyentes en ciudadanos de segunda, en los apestados del tráfico, con todas las obligaciones derivadas de la titularidad de un vehículo a motor (el pago de impuestos y tasas) pero sin el principal de los derechos inherentes a tal circunstancia, como es la libre movilidad. El mensaje es claro: gástese usted el dinero que no tiene en un moderno coche «ecológico». Y se lo dicen precisamente a todos los que, mal que les pese, van tirando con su viejo coche porque la vida no les da más de sí. Cuando los municipios de más de 150.000 habitantes se pongan con lo mismo, como obliga la ley de forma progresiva, muchos se sorprenderán. Aunque ha habido cierta reacción política, electoralmente motivada, sin duda, por los últimos comicios municipales de mayo de 2023, nadie duda de su implantación. Casi sería preferible para lograr una reducción efectiva de emisiones del vehículo privado, que se prohibiera su uso en las ciudades. Pero esto no podría ser porque directamente eso acabaría directamente con las multas.
