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30/04/2024
La Unión Europea ha acordado reforzar la cooperación entre Estados miembros en la investigación transfronteriza de infracciones de tráfico para luchar contra la conducción imprudente en el extranjero.
Según datos de la UE, aproximadamente el 40% de las infracciones de tráfico transfronterizas quedan impunes y por ello se ha actualizado el esquema de cooperación y ayuda mutua entre los países de la UE para localizar a los conductores extranjeros que hayan cometido una infracción de tráfico grave.
Las autoridades nacionales estarán obligadas a responder sin demora las solicitudes de otro país de la UE, a más tardar dos meses después de haber recopilado la información necesaria.
Además, a petición del Estado miembro en el que se cometió el delito, el país de residencia del infractor podrá encargarse de cobrar la multa correspondiente, siempre que el importe sea superior a 70 euros y siga sin abonarse una vez agotadas todas las opciones legales.
Consecuencias para los conductores
En primer lugar, ya no habrá lugar para evadir las multas de tráfico simplemente porque hayan sido impuestas en otro país europeo. Anteriormente, las multas impuestas fuera del país de residencia podían ser difíciles de hacer cumplir, lo que a menudo llevaba a que quedaran impagas.
Por otro lado, se amplía la lista de infracciones de tráfico cometidas por conductores no residentes que desencadenan asistencia transfronteriza y pueden derivar en una multa. Así, se incluyen rebasar los límites de velocidad, conducir ebrio o no detenerse en un semáforo en rojo, pero también los estacionamientos peligrosos, los adelantamientos imprudentes, cruzar una línea continua y fugarse tras una colisión, entre otros delitos.
Plazos para el cobro de las multas
El país de la UE en el que se haya cometido la infracción de tráfico dispondrá de once meses a partir de la fecha de la infracción para emitir una notificación. Esta deberá incluir el momento y las circunstancias del hecho denunciado, así como información sobre el proceso de apelación.
A iniciativa de los eurodiputados, quedará prohibido recurrir a entidades privadas para asistir a las autoridades en el cobro de las multas de tráfico de los conductores extranjeros (el veto comenzará a aplicarse dos años después de que las normas se hayan trasladado a la legislación nacional).
Esto supone el adiós a las empresas de recobro de multas en el extranjero.
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