La Sexta se hace eco del 3.er Estudio Dvuelta: voces de la calle y análisis jurídico

04/10/2025, La Sexta Noticias

El III Estudio Dvuelta: Ayuntamientos y Recaudación pone el foco en una realidad cada vez más asentada: la recaudación por sanciones de tráfico se ha consolidado como ingreso estructural en las cuentas públicas, tanto en numerosos ayuntamientos como en la DGT. Más allá del discurso oficial —seguridad vial y sostenibilidad—, el estudio constata que las multas se presupuestan, proyectan y ejecutan con lógica de línea de ingresos recurrente.

En el plano municipal, la extensión de radares fijos y de tramo, cámaras de control de accesos y dispositivos en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha incrementado la capacidad de detección de infracciones de forma exponencial. Esta infraestructura, combinada con ordenanzas complejas y cambios normativos frecuentes, convierte al conductor habitual en un sujeto fácilmente sancionable por errores no siempre dolosos. El resultado es una caja de ingresos predecible que muchas corporaciones integran en sus presupuestos anuales con la misma naturalidad que tasas o precios públicos.

Por su parte, la DGT mantiene una red capilar de vigilancia y tramitación que genera flujos constantes de recaudación. El estudio advierte de un desalineamiento potencial de incentivos: si la multa asegura ingresos, la ambición institucional de reducir infracciones —mediante ingeniería de tráfico, educación y señalización clara— puede perder prioridad frente a la estabilidad recaudatoria.

Dvuelta identifica tres riesgos que socavan la finalidad legítima de la sanción:

• Deriva recaudatoria: cuando la multa se integra como ingreso esperado, el sistema puede tender a maximizar expedientes en vez de minimizar accidentes.
• Complejidad y ambigüedad normativa: ordenanzas cambiantes, señalización poco intuitiva (especialmente en ZBE) y portales informativos dispersos elevan el riesgo de error involuntario del ciudadano.
• Opacidad: sin datos desagregados y públicos sobre número de denuncias, tipologías, importes y destino del dinero, el control social y la evaluación de políticas se vuelven inviables.

El III Estudio no se limita a diagnosticar; propone cinco palancas de corrección:

• Primacía de la seguridad vial: reinstaurar la finalidad disuasoria y preventiva de la sanción, no su papel de ingreso estable.
• Transparencia reforzada: publicación periódica y accesible de series de datos (ubicación y criterios de radares/cámaras, tipologías de infracciones, importes por concepto y trazabilidad del gasto).
• Señalización inequívoca: cartelería clara y homogénea, mapas oficiales y avisos previos verificables en ZBE y accesos restringidos para prevenir la infracción.
• Evaluación independiente: auditorías técnicas que acrediten que cada medida (radar, cámara, restricción) reduce siniestralidad y no se limita a generar expedientes.
• Reinversión finalista y visible: vincular una parte sustancial de lo recaudado a mejoras tangibles (calmado de tráfico, pasos y cruces seguros, iluminación, educación vial), con indicadores públicos de seguimiento.

El estudio destaca, además, la necesidad de homogeneizar criterios entre municipios: diferencias en umbrales sancionadores, períodos de gracia, señalización, excepciones y canales de información generan inseguridad jurídica y favorecen la percepción de “trampa administrativa”. La ciudadanía acepta la sanción cuando percibe claridad, proporcionalidad y finalidad protectora; la rechaza cuando la vive como instrumento fiscal encubierto.

Dvuelta subraya que la eficacia en seguridad vial no se mide por el número de multas, sino por la reducción de la siniestralidad y la gravedad de los siniestros. En ese marco, la organización defiende reordenar prioridades: prevenir antes que sancionar, informar antes que multar y evaluar antes que presupuestar. Si la política pública funciona, debería ser compatible con recaudar menos porque hay menos infracciones, no con proyectar siempre ingresos crecientes.

El III Estudio Dvuelta: Ayuntamientos y Recaudación invita a un debate maduro: ¿qué papel queremos que jueguen las multas en la movilidad del siglo XXI? La respuesta responsable pasa por transparencia, simplicidad normativa y evaluación. Solo así la sanción volverá a ser lo que debe: una herramienta de protección, no una columna contable. Dvuelta reitera su compromiso con la defensa de los conductores y con un ecosistema de movilidad justo, comprensible y medible por resultados reales en seguridad vial.