13/08/2026, Gacetín Madrid
El Ayuntamiento de Madrid recaudó por multas de tráfico durante el ejercicio 2025 un total de 283.220.606 euros en concepto de derechos reconocidos, cifra que supera en 74.730.606 euros la previsión consignada inicialmente en las cuentas municipales (208.490.000 euros). Este incremento supone una desviación del 35,8 % sobre lo presupuestado, colocándose como la cifra más elevada en términos absolutos entre las grandes ciudades españolas.
Los datos proceden de un análisis realizado por la entidad de defensa de los conductores Dvuelta, elaborado a partir de las liquidaciones presupuestarias facilitadas por las propias entidades locales o publicadas en sus portales de transparencia a fecha 31 de julio de 2026.
Líder nacional en volumen absoluto de recaudación
Los más de 283 millones de euros reconocidos sitúan a la capital a la cabeza de la recaudación por sanciones de circulación en España, seguida a distancia por Barcelona, con 64,9 millones de euros, y Valencia, con 27,9 millones. Asimismo, la tasa de desviación porcentual madrileña (+35,8 %) se ubica únicamente por detrás del incremento registrado en Valencia (+99,3 %) y supera la media agregada del conjunto de las grandes capitales analizadas, que se fijó en un 22,7 % de exceso sobre lo previsto.
El informe resalta además la evolución de las estimaciones del Consistorio madrileño para los ejercicios posteriores. Para el año 2026, el Ayuntamiento ha consignado en su presupuesto una previsión de ingresos por sanciones de 194,5 millones de euros, lo que representa una reducción del 6,7 % respecto a la estimación inicial de 2025 y una cifra notablemente inferior a los 283,2 millones finalmente reconocidos en el ejercicio anterior.
Desde la organización Dvuelta señalan que el desfase generalizado observado en la mayoría de grandes consistorios —ocho de los nueve con datos disponibles superaron su previsión— responde a una práctica contable orientada a consignar cifras moderadas en la fase de debate presupuestario que posteriormente son rebasadas durante la ejecución real. La entidad sostiene que los derechos reconocidos reflejan ingresos líquidos y ciertos consolidados por la propia administración, por lo que reclaman mayor transparencia en el desglose periódico de estas partidas y en los criterios empleados para formular las estimaciones anuales.
