07/002/2023, El Debate, Iván Mingo
La Justicia parece no dar la razón a los ayuntamientos en la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que limita la circulación de los coches en función de sus etiquetas medioambientales.
Barcelona fue la primera ciudad en la que una sentencia anuló la entrada en funcionamiento de las ZBE. Allí, el consistorio de Ada Colau las puso en funcionamiento en 2020, y en marzo de 2022 el Tribunal Superior de Justicia Catalán anulaba su aplicación por «exceso en el ámbito geográfico de su aplicación y por exceso en el tipo de vehículos afectados».
Barcelona, pionera
La sentencia del tribunal catalán cayó como un jarro de agua fría en otras ciudades tanto españolas como europeas que trabajan en la puesta en funcionamiento de las ZBE.
El Ayuntamiento se encuentra a la espera de la resolución al recurso interpuesto pero en paralelo trabaja en una actualización de las condiciones de funcionamiento de las ZBE que ahora son menos restrictivas.
Se incorporan variables como el nivel de renta de los ciudadanos para su aplicación. En este caso se aplicará un indicador de renta (IPREM) para valorar los ciudadanos que pueden entrar en las ZBE con coches sin etiqueta.
Problemas en la capital
En Madrid la intervención de la Justicia ha obligado a modificar en varias ocasiones el funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones
El Consistorio de Almeida llegó a cambiar el nombre de las Zonas de Bajas Emisiones bautizadas por Carmena como Madrid Central. En aquel momento pasaron a enominarse Madrid 360, en un intento de que los madrileños no lo identificaran con el proyecto de Carmena y de esquivar a la Justicia, pues entonces ya había procedimientos en contra de Madrid Central.
La Justicia madrileña ha llegado a invalidar más de 135.000 multas de la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Plaza Elíptica de la capital. Es esta caso los tribunales consideraron que el Ayuntamiento de Madrid no tiene competencia para poner multas en la autovía A-42. Detras de estos recursos están asociaciones para la defensa de los conductores como Automovilistas Europeos Asociados, AEA, y Dvuelta.
Gijón tampoco se libra
El último revés a las Zonas de Bajas emisiones llega desde Gijón, otra de las ciudades españolas que antes las puso en funcionamiento.
En este caso, una denuncia devuelta en el Tribunal Supremo argumenta que el Ayuntamiento de Gijón no cuenta con un informe riguroso sobre el posible impacto económico y la repercusión de que la puesta en funcionamiento de las ZBE tendría sobre particulares y profesionales.
La sentencia incluye la suspensión de su puesta en funcionamiento, a la espera de un posible recurso por parte del Ayuntamiento de Gijón, que caso de no prosperar tendría que anular todas las multas puestas por este concepto y devolver su importe.