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23/10/2024, The objective

La asociación de conductores Dvuelta ha criticado duramente la señalización de los radares en la M-30 de Madrid, alegando que ha triunfado en «al menos 231 procedimientos judiciales» contra el Ayuntamiento de Madrid por sanciones de exceso de velocidad en los últimos dos años. Este número, aunque parece significativo, representa solo el 0,04% de las más de medio millón de infracciones denunciadas durante 2023.

Desde Dvuelta se ha expresado una fuerte censura hacia la gestión municipal, enfatizando que nunca antes una sola administración había acumulado tantas sentencias adversas por una causa similar. Las multas anuladas oscilan entre los 100 y los 400 euros, además de la posible pérdida de hasta cuatro puntos del permiso de conducir.

El procedimiento del Ayuntamiento ha sido descrito como «negligente» por parte de Dvuelta, señalando una falta de atención sistemática a sus obligaciones legales, especialmente por no presentar las pruebas requeridas en los juicios. En todos los casos, el Consistorio no logró demostrar la existencia de una limitación específica de 70 km/h que justificara las sanciones.

La asociación ha subrayado que la falta de señalización adecuada sobre las limitaciones específicas de velocidad es un problema grave, ya que impide que los conductores se ajusten adecuadamente a las normas de tráfico. Según los jueces, la presentación de simples fotocopias de planos de la M-30 por parte del Ayuntamiento ha sido insuficiente para contrarrestar la presunción de inocencia de los acusados.

Madrid destaca como la capital que más recauda por multas en España, con ingresos anuales que rondan los 200 millones de euros, casi el triple que Barcelona. El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido su uso de radares para la detección de infracciones y asegura que la señalización en la Calle 30 ha sido consistente desde 2017.

Según el Ayuntamiento, todos los denunciados reciben copia del certificado de verificación periódica de los radares, junto con la fotografía del vehículo en el momento de la infracción, como prueba accesible en el expediente sancionador. Esto, afirman, demuestra un esfuerzo por mantener la transparencia y el derecho a la defensa de los conductores.