04/06/2026, Cope
La recaudación por multas de tráfico se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la financiación municipal en las grandes ciudades españolas. Según el “IV Informe sobre ciudades y multas” elaborado por Dvuelta, las diez capitales con mayor población han tejido un entramado que convierte cada infracción en un ingreso creciente para las arcas públicas. Esta es una de las conclusiones que se han tratado en el programa ‘Poniendo las Calles‘ de COPE, donde Carlos Moreno ‘El Pulpo’ y el experto en motor, Alfonso García ‘Motorman’, han analizado cómo los ingresos por sanciones superan ya al impuesto de circulación.
El informe, que analiza los datos de 2026 y los compara con el ejercicio anterior, desvela que las diez ciudades con más población de España prevén ingresar más de 821 millones de euros por multas, IVTM y grúa. Este análisis pone de manifiesto la dimensión de la presión recaudatoria de los ayuntamientos, una voracidad que, según el estudio, se incrementa año tras año alimentada por la sofisticación tecnológica y la proliferación de normativas restrictivas como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Madrid, epicentro de la recaudación
Madrid lidera un año más el ranking de recaudación por multas. Para 2026, la capital prevé ingresar 194,5 millones de euros, consolidando su posición como la ciudad con mayor capacidad recaudatoria del país y acaparando más de la mitad del total. Aunque esta cifra supone un 6,7% menos que en 2025, la capital sigue recaudando por multas 3,4 veces más que Barcelona, la segunda en la lista, reflejando una política sancionadora especialmente agresiva.
El caso de Madrid ilustra cómo la recaudación por multas ha pasado de ser un instrumento de corrección a un recurso estructural de financiación. La extensión de las zonas de control y vigilancia, junto con la intensificación de la recaudación por las ZBE, ha convertido a la capital en un auténtico laboratorio de fiscalización donde cada conductor es una potencial fuente de ingresos.
Mientras Madrid lidera en cifras absolutas, Las Palmas de Gran Canaria protagoniza el mayor incremento porcentual en 2026, con un 9,4% más de recaudación por multas respecto a 2025, alcanzando los 9,0 millones de euros. Le sigue de cerca Málaga, con un aumento del 7,8% hasta los 18,5 millones. En el lado opuesto, Palma de Mallorca es la que más recorta su presupuesto, con un 11,1% menos.
La presión sobre el ciudadano y el vehículo
Para entender la presión real sobre los ciudadanos, el informe analiza la recaudación por habitante. En 2026, Palma de Mallorca encabeza este ranking con 120,1 euros por habitante, seguida de Bilbao (103,7 euros) y Madrid (95,7 euros). Este indicador, que suma multas e IVTM, muestra hasta qué punto cada ciudadano es objeto de presión fiscal por parte de su ayuntamiento.
Otro indicador clave es el ingreso por vehículo, que elimina el sesgo del tamaño del parque móvil. Aquí, Bilbao destaca con una enorme presión recaudatoria: cada vehículo censado en la capital vizcaína pagará de media 194 euros en 2026. Le siguen Madrid (181,9 euros), Palma de Mallorca (143,5 euros) y Barcelona (118,2 euros), evidenciando estrategias específicas para maximizar la recaudación por cada coche.
El discurso oficial frente a la realidad
Los ayuntamientos justifican el aumento de la recaudación en la necesidad de mejorar la seguridad vial y promover la sostenibilidad. Sin embargo, la percepción de los conductores es que se prioriza la recaudación sobre la prevención, una sensación reforzada por la proliferación de sanciones por infracciones menores y la falta de flexibilidad, aunque a veces los tribunales dan la razón al conductor, como en casos de multas anuladas por pruebas de mala calidad.
El uso de nuevas tecnologías como cámaras, radares y sensores ha multiplicado las oportunidades de sanción. La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, por ejemplo, ha tenido un efecto directo en el aumento de multas, como las sanciones que podrían anularse en Madrid. Como apuntaba ‘Motorman’ en ‘Poniendo las Calles’, lo más grave es cómo se planifica esta recaudación: «Los ayuntamientos presupuestan lo que van a ingresar por multas, es decir, no confían, no creen en el conductor, no creen que pueda mejorar bajo un discurso oficial siempre de seguridad vial y medio ambiente».
El informe de Dvuelta alerta del riesgo de que la función sancionadora pierda su carácter preventivo para convertirse en un mero instrumento de financiación. La falta de transparencia en la gestión de los ingresos y la opacidad en la aplicación de las sanciones refuerzan la percepción de que la voracidad recaudatoria de los consistorios no tiene límites.
