Las nueve grandes ciudades españolas con datos reales sobre ingresos por multas de tráfico superaron en 2025 en promedio su previsión presupuestaria en un 22,7%.
En total, estas urbes registraron 489,9 millones de euros en ingresos por sanciones, frente a los 390,5 millones previstos inicialmente, lo que implica un desfase agregado del 25,5%.
De ellas, ocho superaron la cifra estimada, mientras que solo Palma se quedó por debajo, según un análisis de Dvuelta, entidad que defiende a conductores, basado en datos oficiales de los ayuntamientos.
Los montos recogidos corresponden a derechos reconocidos de cobro, o sea, ingresos líquidos y ciertos que los consistorios tienen derecho a ingresar tras la aprobación de la liquidación, y reflejan cifras consolidadas que pueden variar dependiendo del trámite de expedientes sancionadores.
Desfase en Madrid y otras ciudades
El Ayuntamiento de Madrid reportó a finales de julio de 2025 un ingreso por multas de 283.220.606 euros, frente a los 208.490.000 euros que tenía presupuestados. La diferencia, de 74,7 millones, representa un desfase del 35,8%, el mayor en términos absolutos entre todas las ciudades estudiadas.
Para 2026, sin embargo, Madrid ha reducido la partida a 194,5 millones de euros, un 6,7% menos que el presupuesto de 2025 y muy por debajo de lo que finalmente logró recaudar ese año.
Barcelona, en segundo lugar por volumen, reconoció 64.984.024 euros frente a los 60.504.000 euros previstos, un 7,4% más. Esta ciudad presenta un desfase porcentual relativamente bajo.
Valencia mostró un desfase muy alto, con 27.903.696 euros reconocidos frente a un presupuesto de 14 millones. Eso significa un 99,3% más de lo esperado, prácticamente el doble. Para 2026, mantiene la misma estimación de 14 millones, bastante alejada de los datos reales recientes.
Sevilla superó su previsión en un 9,5%, con 24,1 millones frente a 22 millones presupuestados. Bilbao destaca con un desfase del 32%, registrando 23.100.159 euros, el tercer mayor porcentaje tras Valencia y Madrid.
Málaga cerró con 20.306.748 euros, un 18,4% más que los 17.152.820 euros previstos. Zaragoza reconoció 14,1 millones frente a los 12 millones del presupuesto, un 17,9% superior, y Murcia ajustó sus cifras con mayor precisión, alcanzando 6.557.483 euros frente a 6.200.000 euros, un 5,8% más.
Caso especial de Palma
Palma fue la única de las analizadas que no alcanzó la cifra presupuestada. Registró 25.577.123 euros frente a los 32.610.000 euros previstos, un 21,6% menos que su estimación y casi 7 millones por debajo.
Para 2026, el Ayuntamiento ha mantenido la misma cantidad presupuestada de 32,6 millones en concepto de multas de tráfico.
En un estudio reciente de la consultora Dvuelta, las diez capitales de provincia más pobladas de España tenían previsto ingresar 399,7 millones de euros por multas de circulación en 2025, un 1,9% más que lo presupuestado para 2024, reflejando la tendencia al alza en la presión sancionadora y la sofisticación de los sistemas de control de tráfico.
Además de las multas, los ayuntamientos obtienen ingresos estables a través del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), cuyas previsiones de recaudación han experimentado incrementos constantes en los últimos años, consolidándose como un pilar clave de los presupuestos locales junto a las tasas de estacionamiento regulado y los cánones de grúa.
Pese a las normativas energéticas y medioambientales, dos tercios de las 153 ciudades obligadas por la Ley de Cambio Climático aún no han activado sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tres años después de la fecha límite del 1 de enero de 2023, lo que ha generado críticas de organismos como Greenpeace y señalamientos del Ministerio para la Transición Ecológica por la falta de voluntad política en la materia.
En las ciudades que sí han implantado ZBE, las sanciones derivadas no sólo han incrementado los ingresos municipales, sino que también han impulsado hábitos más sostenibles entre los conductores, como se observa en Madrid, donde las multas vinculadas a las restricciones han favorecido un aumento significativo en la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos y en el uso del transporte público.
Sin embargo, la creciente dependencia de las arcas municipales en las sanciones de tráfico ha suscitado polémica política en distintos ayuntamientos; por ejemplo, el Partido Popular de Xàtiva acusó al equipo de gobierno de “exprimir” a los vecinos con el presupuesto de multas para 2025, mientras que en Burgos el capítulo de ingresos por sanciones aumentó un 45% en el mismo ejercicio, según denunciaron los socialistas.
