31/01/2025, ABC, MUVE
En 2024, las carreteras españolas han registrado 1.154 fallecidos, catorce más que el año anterior. Este incremento, lejos de ser un dato aislado, es el reflejo de la incapacidad de la DGT de abordar el enorme problema que representa la seguridad vial. Las políticas del organismo, ineficaces y plagadas de excusas recurrentes, han demostrado estar completamente superadas por la realidad.
La respuesta de la DGT a este aumento ha sido tan previsible como decepcionante: atribuirlo al aumento de desplazamientos. Este argumento, repetido hasta la saciedad, resulta un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.
Cuando los desplazamientos bajan y los accidentes disminuyen, la DGT se apresura a aplaudirse. Pero si resulta que las cifras de muertos suben y bajan en proporción directa al volumen de tráfico ¿qué sentido tiene la existencia de un organismo que no puede reducir la siniestralidad más allá de las oscilaciones naturales del tráfico? En la práctica, la DGT se ha convertido en un simple recaudador, una máquina de ingresar dinero mientras las carreteras siguen cobrando vidas en número creciente.
No me cansaré, cada vez que tenga ocasión de recordarlo, lo dañino de la medida de eliminar el margen de 20 km/h para adelantar en carreteras secundarias, una decisión tan absurda en teoría como desastrosa en la práctica. Estas vías, donde ocurre el 72% de los accidentes con víctimas, son ahora más peligrosas que nunca. La supresión del margen alarga los adelantamientos, aumenta la exposición al riesgo y ha contribuido directamente– como es evidente– al incremento de la siniestralidad.
La DGT insiste en defender esta decisión, ignorando los datos y reforzando la percepción de que sus políticas se diseñan antes para vaciar los bolsillos de los conductores que para protegerlos de los riesgos de la carretera.
La única respuesta constante de la DGT a la tragedia vial es instalar más radares y poner más multas. Un enfoque puramente punitivo que evidencia una alarmante torpeza y raya en la absoluta dejación de la responsabilidad de reducir las víctimas en carretera siempre: cuando hay menos coches y también cuando suben los desplazamientos.
El célebre aforismo de Albert Einstein, que define la estupidez como «hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes en cada ocasión», parece describir con precisión la estrategia de la DGT. Más radares no significan menos muertos y es evidente que el modelo actual está agotado, pese a que, año tras año, todos los ministros del Interior anuncian despliegues de nuevos radares como única solución. Es desolador comprobar que políticas así dan la medida exacta de la ineficacia del Gobierno frente a la trágica realidad de la (in)seguridad vial.
Con todo, la inoperancia de la DGT plantea una cuestión relevante: ¿para qué sirve un organismo que no puede reducir los accidentes ni salvar vidas? Si su función principal es recaudar dinero mientras las cifras de fallecidos suben o bajan en función del aumento o disminución de los desplazamientos la existencia del organismo carece de sentido.
La seguridad vial exige algo más que multas y excusas. Requiere infraestructuras seguras, campañas de concienciación efectivas y políticas que prioricen la vida por encima de la recaudación. Destacando, por encima de todas, una medida de urgente implantación: la investigación independiente de los accidentes de tráfico, que busque las causas antes que las responsabilidades. Y la DGT de Pere Navarro es incapaz de asumir este desafío.
Las 1.154 víctimas de 2024 no son simples números. Tantas vidas perdidas son un recordatorio brutal de que las malas políticas tienen consecuencias reales. Si la DGT no puede garantizar la seguridad en nuestras carreteras, tal vez sea hora de replantear su papel. Porque hace ya demasiado tiempo que la DGT es parte del problema, no de la solución.