19/04/2026, diariodeltransporte.com
El Ayuntamiento de Madrid cerró el ejercicio 2025 con un ingreso por multas de circulación de 273,11 millones de euros. Es un 31% más de lo presupuestado para ese año y un 24,066% más de lo recaudado en 2024, cuando el consistorio ingresó 220,15 millones de euros por el mismo concepto, según el epígrafe de “Derechos reconocidos” publicado en su boletín de seguimiento de ejecución presupuestaria, disponible en el Portal de Datos Abiertos del consistorio, y según el análisis realizado por Dvuelta, entidad dedicada a la defensa jurídica de los conductores.
El importe computado como ingreso en la ejecución presupuestaria pone de manifiesto una tendencia que se consolida año a año: Madrid recauda cada vez más en multas, presupuesta cada vez menos de lo que realmente cobra y cierra el ejercicio con desviaciones que ya no admiten la explicación del error técnico.
El cuadro comparativo entre los dos últimos ejercicios es elocuente:
Recaudación
Presupuestada 211,4 M€ 208,49 M€ -1,4%
Ingreso ejecutado
(Derechos reconocidos) 220,15 M€ 273,11 M€ +24,06%
Exceso sobre
Presupuesto +18,75 M€ +64,6 M€ — (+4,14%) (+31%)
Desfase presupuestario.
Para 2025, el Ayuntamiento de Madrid aprobó un presupuesto de ingresos por multas de 208,49 millones de euros, una cifra un 1,4% inferior al presupuesto de 2024 y por debajo incluso de los 220,15 millones que ya había recaudado ese mismo año. Es decir, fijó como objetivo oficial para el ejercicio siguiente una cantidad menor a la que acababa de ingresar el año anterior, con el objetivo, en opinión de Dvuelta, de esconder la verdadera cara de la voracidad recaudatoria municipal por multas. A pesar de ello —o precisamente por ello— el importe ejecutado real de 2025 alcanzó los 273,11 millones: 64,6 millones por encima del presupuesto y 52,96 millones más sobre lo recaudado en 2024.
Existe otro dato que completa el diagnóstico: el importe total de sanciones impuestas en 2025 —incluyendo aquellas que el propio Ayuntamiento sabe que no podrá cobrar— superó de largo los 400 millones de euros, de acuerdo con el mismo Portal de Datos municipal. La brecha entre lo que se impone y lo que se cobra delata una política de sanción masiva e indiscriminada. Además, el objetivo de recaudación anual ya estaba cumplido en octubre, con dos meses de ejercicio todavía por delante.
En términos comparativos, Madrid sigue siendo sin competencia la capital de provincia que más recauda por multas en España. En 2025, su presupuesto en este epígrafe superó en 3,5 veces lo previsto por Barcelona, la segunda ciudad del ranking. Una diferencia de esa magnitud, sostenida año tras año, no tiene explicación razonable en criterios de seguridad vial ni en el volumen de tráfico.
Es recaudación, no seguridad vial.
Para Dvuelta, los datos de 2025 confirman lo que su equipo jurídico lleva años constatando: las multas de tráfico en Madrid han dejado de ser un instrumento de seguridad vial para convertirse en un mecanismo de financiación del Ayuntamiento; un impuesto encubierto.
Un Ayuntamiento que en 2024 ingresó 220,15 millones y para 2025 presupuestó solo 208,49 no está siendo prudente en sus estimaciones: está siendo opaco de forma consciente, denuncia Dvuelta. Al fijar un objetivo oficial inferior incluso a la recaudación real del año anterior, el Ayuntamiento esconde la verdadera dimensión de su apetito recaudatorio. El exceso sobre lo presupuestado refleja una presión fiscal encubierta y sistemática sobre los conductores madrileños.
A ello se añade la brecha entre multas impuestas y multas cobrables. Que el Ayuntamiento imponga más de 400 millones en sanciones para luego anotar un ingreso de 273,11 millones no es solo una ineficiencia recaudatoria: es la huella de una política que sanciona de forma masiva e indiscriminada, en la que muchas multas no superarían un control jurídico serio. Esa es precisamente la experiencia cotidiana de Dvuelta: una proporción muy elevada de las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid presentan deficiencias formales, procedimentales o de fondo que permiten su anulación.
Valoración.
Según Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta: “Los datos que hemos analizado en Dvuelta no dejan lugar a la interpretación favorable. El Ayuntamiento de Madrid cerró 2024 con un ingreso por multas de 220,15 millones de euros y, a la hora de elaborar los presupuestos para 2025, aprobó una previsión de 208,49 millones. Es decir, fijó como objetivo oficial una cifra un 5,30% inferior a lo que acababa de ingresar y, además, inferior incluso a los 211,4 millones que había presupuestado el año anterior. Esto, en cualquier análisis honesto, no es un error de cálculo: es una decisión política”.
«Y lo es porque el Ayuntamiento tomó esa decisión en un contexto en el que tenía plena certeza de que en 2025 iba a recaudar más, no menos. En 2025 entraron en funcionamiento nuevas cámaras de detección de velocidad y se amplió el sistema de multas en la Zona de Bajas Emisiones. Cualquier técnico municipal sabía que esas incorporaciones iban a disparar el número de sanciones y, con él, la recaudación. Presupuestar 208 millones en ese escenario no es prudencia: es una estrategia deliberada de opacidad”.
“¿Por qué hacerlo? La respuesta es evidente para quienes trabajamos a diario en la defensa de conductores: al presentar un presupuesto bajo, el Ayuntamiento evita el debate público sobre el verdadero alcance de su política sancionadora, y el ciudadano no puede indignarse por una cifra que se le oculta. Es el resultado de una política de multas masiva e indiscriminada”.
Para Dvuelta, “lo que revelan estos datos no es una gestión eficiente: es una estrategia de presión fiscal encubierta. El Ayuntamiento de Madrid presupuesta menos de lo que sabe que va a recaudar para disimular el verdadero coste de su política sancionadora. Redujo el presupuesto de multas para 2025 pese a haber cobrado 220 millones el año anterior, y aun así terminó ingresando 273. Y cuando una multa se impone con más afán recaudatorio que rigor jurídico, tiene muchas posibilidades de ser anulada. En Dvuelta lo demostramos cada día. Los conductores no tienen por qué pagar multas injustas: tienen derecho a defenderse, y nosotros sabemos cómo ayudarles a hacerlo.”
