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25/09/2025, Voz Pópuli, Alfonso Aguilera
A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las Zonas de Bajas Emisiones a finales del pasado año, el ayuntamiento de la capital -que recurrió tal decisión- ha seguido multando desde entonces, aunque se está encontrando con que la gran mayoría de los recursos presentados por los conductores los acaba perdiendo.
Y es que Dvuelta acumula ya 558 sentencias ganadas contra el Ayuntamiento de Madrid por multas nulas en las diferentes Zonas de Bajas de Emisiones de la capital, una cifra que supone haber ganado el 97% de las demandas interpuestas ante los Tribunales en representación de conductores disconformes con las sanciones. Para Pedro Javaloyes, portavoz de la empresa, supone “el desprecio por la legalidad y los derechos de los ciudadanos por parte del Consistorio”.
En la mitad de los casos (268), los Tribunales han condenado además al Ayuntamiento en costas procesales, demostrando la contundencia del fallo judicial en favor de los conductores madrileños. Solo en lo que llevamos de 2025, el balance es aún más devastador para el Ayuntamiento: 383 sentencias desfavorables y 224 condenas en costas motivadas por demandas presentadas, lo que representa casi el 60% de los casos.
Aproximadamente el 60% de las condenas al Ayuntamiento son por multas en la ZBE de Distrito Centro; el 25% en Madrid ZBE y alrededor de un 15% en la ZBE de Plaza Elíptica. Algo más de la mitad de lo recaudado en multas por el consistorio madrileño (unos 110 millones de euros) proviene de las sanciones en ZBE, cuyo importe mínimo es de 200 euros.
Recurrir multas se ha convertido así en una reacción cívica. Se equilibra así la balanza entre una Administración que tiende a convertir la multa en un instrumento recaudatorio y un ciudadano que, de otro modo, quedaría indefenso.
“Los Tribunales están parando los pies al Ayuntamiento sistemáticamente por el uso masivo e injustificado de las sanciones de ZBE”, afirma Javaloyes. “No solo existe un abuso normativo: hay una clara intención recaudatoria, a costa de los conductores, que la Justicia está desmontando sentencia a sentencia”.
Esta situación no solo refleja un importante cambio en la protección legal de los derechos de la ciudadanía, sino que también plantea serias dudas sobre el modelo recaudatorio utilizado en las Zonas de Bajas Emisiones y la proporcionalidad legal y social de estas medidas.
Dos pilares jurídicos
El éxito judicial de Dvuelta frente al Ayuntamiento de Madrid en materia de ZBE se basa esencialmente en dos pilares jurídicos, de acuerdo con los argumentos recogidos en las sentencias.
Por un lado, el incumplimiento del Art. 242 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS). El motivo fundamental es que el Ayuntamiento no cumple con el requisito exigido en ese artículo, que obliga a acreditar documentalmente la instalación de carteles informativos, en lugares visibles, que avisen a los conductores de la captación y transmisión de datos o imágenes para el control de acceso.
En ninguno de los procedimientos se ha aportado documento alguno que demuestre la existencia de la señalización reglamentaria, lo que provoca la nulidad de las sanciones por vulneración de derechos básicos de información y defensa.
Por otro lado, existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula la parte relativa a las Zonas de Bajas Emisiones dentro de la Ordenanza de Movilidad. Esta nulidad supone que todas las sanciones impuestas en virtud de dicha parte de la norma carecen de base jurídica, al estar sustentadas en una regulación anulada por los tribunales. Así, los jueces están fallando sistemáticamente a favor de los afectados por estas multas, dado que el fundamento legal de la sanción ha desaparecido.
Y es que la ciudad de Madrid es, de las diez con mayor población de España, la que más recauda por multas. Este año tiene previsto recaudar más de 208 millones de euros. El caso de Madrid ilustra a la perfección cómo la recaudación por multas de tráfico ha dejado de ser un instrumento de corrección de conductas para convertirse en un recurso estructural de financiación municipal. Las cifras hablan por sí solas: Madrid recauda 3,5 veces más que Barcelona, la segunda ciudad más multadora.
