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27/06/2025, Muve, La Razón, Pedro Javaloyes
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha convertido la seguridad vial en un laboratorio de pruebas improvisado, donde la vida de los conductores parece ser moneda de cambio para experimentos sin base técnica. La reforma de la Ley de Tráfico, que eliminó la posibilidad de superar en 20 km/h la velocidad máxima en adelantamientos en carreteras convencionales, es el ejemplo más flagrante de una política pública frívola, carente de rigor y, lo que resulta verdaderamente preocupante, peligrosa.
Esta medida, adoptada sin análisis técnico previo y en contra de la doctrina histórica de la propia DGT, se implementó bajo una lógica de “ensayo y error” absolutamente inaceptable en el campo de la seguridad vial. ¿Desde cuándo se permite jugar con la vida de los ciudadanos sin estudios previos, sin datos y sin una mínima evaluación de riesgos? La DGT, que debería ser garante de la seguridad en las carreteras, se ha comportado como un aprendiz de brujo, ignorando la evidencia y despreciando el sentido común. Lo más triste es que la razón para eliminar ese margen de seguridad en los adelantamientos es mejorar la eficacia sancionadora de los radares de tramo. ¿Vidas por euros?, nos preguntamos muchos.
Los resultados de este experimento no han tardado en llegar, y son, sencillamente, devastadores. Según un estudio realizado en la Universidad de Zaragoza por el profesor Juan José Alba, Doctor Ingeniero Industrial y especialista en seguridad vial e investigación de accidentes, a finales de 2023, tras casi dos años de la entrada en vigor de la reforma, la siniestralidad asociada a adelantamientos ya había empeorado drásticamente.
Los fallecidos en accidentes por “adelantar antirreglamentariamente” aumentaron un 123%. Es decir, más del doble. Los muertos en posición de “adelantando por la izquierda” crecieron un 54%. Y no solo han subido los fallecidos: también lo han hecho los accidentes, los heridos hospitalizados y los heridos leves. Esto son datos, no propaganda. Esto es lo que ha traído esa aciaga reforma de la Ley de Tráfico.
La explicación es tan sencilla como alarmante: al impedir superar la velocidad máxima en los adelantamientos, se obliga a los conductores a permanecer más tiempo en el carril contrario, recorriendo más metros en situación de riesgo. La DGT ha intentado justificar la medida argumentando que, en caso de colisión, la velocidad sería menor. Pero omite que el riesgo de colisión se triplica, como demuestran los datos del estudio. ¿De qué sirve una colisión a menor velocidad si ahora hay muchas más? A pesar de la evidencia, la DGT ha mantenido un discurso negacionista, asegurando que no se han observado cambios en el número de colisiones frontales. Pero si hay menos adelantamientos y el mismo número de choques, resulta evidente que el riesgo por maniobra ha aumentado exponencialmente. Ahora, con las cifras en la mano, la realidad es innegable: la reforma ha sido un rotundo –y peligroso– fracaso.
Es urgente que la DGT asuma su responsabilidad y cumpla su compromiso de revertir la reforma, como dijo que haría si los resultados no eran positivos. No se puede seguir improvisando con la seguridad de todos. Además, como ocurre en los sectores aéreo, marítimo y ferroviario, España necesita una investigación técnica e independiente de los accidentes de tráfico, que permita conocer las causas reales y formular recomendaciones sólidas. Busquemos primero las causas de los accidentes y después determinemos las responsabilidades.
La seguridad vial no puede depender de ocurrencias ni de experimentos. Es hora de exigir rigor, transparencia y responsabilidad a quienes tienen en sus manos la vida de millones de personas. La frivolidad de la DGT ha costado demasiado cara.
