20/04/2026, Madriddiario.com
El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida ha salido al paso de las informaciones difundidas por la asociación Dvuelta, calificando de erróneos los datos que atribuyen al Ayuntamiento unos ingresos de 273,11 millones de euros por sanciones de tráfico en 2025. Según la administración local, la cifra efectivamente recaudada por incumplimientos de la ordenanza de circulación fue de 112,4 millones de euros, una cantidad sensiblemente inferior a la publicada por la entidad de defensa de los conductores.
Desde el Área de Movilidad han explicado que la confusión radica en la diferencia técnica entre los «derechos reconocidos» y la recaudación final. Mientras que Dvuelta tomó como referencia los 273 millones correspondientes al total de sanciones impuestas, el Consistorio matiza que esa cifra nunca coincide con el dinero que finalmente ingresa en las arcas públicas. De hecho, aunque los 112,4 millones recaudados suponen un incremento del 20,4 por ciento respecto al ejercicio anterior, quedan lejos de las estimaciones de la asociación.
Diferencias entre lo presupuestado y la realidad
Para contextualizar estas variaciones, fuentes municipales subrayan que es habitual que los presupuestos iniciales, basados en previsiones del año previo, difieran del resultado final. En 2025, se presupuestaron 208 millones de euros, lo que supone un desvío del 31 por ciento respecto a los derechos reconocidos, un margen que el Ayuntamiento considera normal y que compara con el año 2018, cuando la discrepancia alcanzó el 40 por ciento bajo una gestión distinta.
Asimismo, el equipo de Gobierno ha aprovechado para recordar que el récord de volumen de sanciones en la última década se mantiene en el año 2017, durante el mandato de Manuela Carmena, cuando se rozaron los 2,9 millones de multas. En comparación, el pasado año se cerró con 2,46 millones de infracciones. Por último, han señalado que el aumento en la cuantía de los ingresos también está condicionado por la reforma de la Ley de Seguridad Vial de 2022, que elevó de 90 a 200 euros las sanciones por acceder indebidamente a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
